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En un giro que busca inyectar transparencia en las altas esferas del poder, el gobierno ha accedido a la implementación de un test de drogas obligatorio para el Presidente Gabriel Boric y su gabinete ministerial. La medida, que responde a la presión de la oposición, consistirá en un análisis de orina, diseñado para rastrear el consumo de sustancias en los días previos a la prueba.
A diferencia del examen capilar, que ofrece una ventana al pasado de hasta un año, este test se centrará en el presente inmediato, revelando «huellas recientes» de posibles consumos. Los resultados, envueltos en un manto de confidencialidad, serán entregados exclusivamente a la jefa administrativa de La Moneda, Antonia Illanes.
Este escrutinio, impulsado por voces críticas, se presenta como un ejercicio de rendición de cuentas, buscando fortalecer la confianza pública en quienes ostentan el poder ejecutivo. La medida, más allá de su valor analítico, se erige como un símbolo de la creciente demanda por probidad en la gestión pública, donde la transparencia se convierte en un imperativo ineludible.
