Ir al contenido 
Una sombra de duda se cierne sobre el Partido Republicano tras la ofensiva de los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes han formalizado una solicitud al Servicio Electoral (Servel) para que se investigue la posible recepción de fondos provenientes del crimen organizado por parte de la colectividad. La acción legislativa se desencadena tras la detención de Francisco San Martín, un prominente líder regional del partido, en el marco de una operación policial que desarticuló una banda dedicada a la exportación ilícita de cobre.
San Martín, empresario del rubro minero y quien aspiró a la alcaldía de Coquimbo 2024 bajo la bandera republicana, fue aprehendido el pasado 23 de abril en un operativo de la PDI que desmanteló una organización criminal con ramificaciones en diversas ciudades del país, incluyendo Coquimbo, Calama y Santiago, y conexiones internacionales que alcanzaban Bélgica e India.
La figura de San Martín no era la de un militante de base. El detenido había sido públicamente impulsado por Andrés Guerra, exaspirante al gobierno regional por el Partido Republicano. Si bien no llegó a ocupar cargos directivos formales, San Martín era reconocido como un activo participante en la vida interna del partido, siendo anfitrión frecuente de reuniones en su residencia de Peñuelas, a las que asistían diversas autoridades de la colectividad.
La reciente circulación en redes sociales de una fotografía que retrata a San Martín compartiendo mesa con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha elevado las suspicacias en torno a la naturaleza de su relación.
