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El ojo fiscalizador de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto la lupa sobre la gestión de Germán Codina al mando de la municipalidad de Puente Alto, desenterrando una serie de tropiezos administrativos ocurridos entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. El informe del organismo contralor revela un manejo cuestionable de fondos públicos, donde destaca la ejecución de un evento de capacitación para líderes sociales que demandó una inversión de $129.899.999, sin lograr el impacto comunitario esperado, contraviniendo las directrices establecidas en el dictamen N°16.904.
El escrutinio de la CGR también se posó sobre las cuentas del Club Deportivo Leydis Senior Puente Alto, receptor de $32.939.261 cuya rendición careció del sustento documental necesario para acreditar el uso adecuado de los recursos. En ambos casos, la Contraloría ha sido categórica, exigiendo la devolución de los montos objetados y señalando un claro incumplimiento de las responsabilidades inherentes a una administración municipal.
Pero el informe va más allá de las capacitaciones fallidas y los clubes deportivos sin cuentas claras. El lente de la Contraloría también detectó infracciones a la normativa electoral durante la reciente campaña municipal de 2024, salpicando la candidatura de Karla Rubilar. Según el análisis del organismo fiscalizador, funcionarios municipales habrían incurrido en actos de proselitismo durante su jornada laboral, una acción que vulnera el principio de neutralidad política. Incluso se levantan acusaciones sobre la utilización de recursos municipales en actividades que favorecieron directamente la postulación de Rubilar, quien contaba con el respaldo del entonces alcalde Codina.
Ante este panorama de observaciones y reparos, la Contraloría ha emitido una orden directa al actual alcalde de Puente Alto, Matías Toledo: iniciar sumarios administrativos para deslindar responsabilidades entre los funcionarios involucrados en estas irregularidades.
