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Un nuevo frente se abre en el debate sobre la justicia y la protección en casos de delitos sexuales. Un bloque de diputadas de oposición ha ingresado al Congreso un proyecto de ley con una misión clara y contundente: endurecer las sanciones para quienes utilicen la acusación de abuso sexual como un arma, formulando denuncias carentes de veracidad.
La iniciativa busca incrustar en el Código Penal la figura del delito de denuncia falsa en materia sexual, estableciendo un marco punitivo que oscila entre el presidio menor en sus grados medio y máximo, y que, en situaciones de mayor gravedad, podría escalar hasta el presidio mayor.
La diputada Carla Morales (RN), una de las voces que lideran esta ofensiva legislativa, enfatiza la magnitud de las heridas sociales que infligen las denuncias falsas en este delicado ámbito. Con contundencia, subraya que el daño reputacional que marca de por vida a una persona injustamente señalada por un delito sexual es una cicatriz imborrable. Incluso cuando la justicia dicta absolución, el estigma persiste, permeando profundamente la existencia de los involucrados y sus entornos.
Morales argumenta que esta modificación legal es un imperativo para asegurar que el sistema de justicia cumpla su rol de manera ecuánime y efectiva. «El sistema penal cumpla su propósito: proteger a los inocentes y castigar a los verdaderos culpables. No podemos permitir que una herramienta diseñada para defender se utilice como arma para destruir», aseveró.
