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El caso que en los noventa cimbró a la sociedad estadounidense, el de los hermanos Erik y Lyle Menéndez, autores confesos del brutal asesinato de sus padres, experimentó un vuelco judicial trascendental. Tras pasar décadas tras los muros de la prisión, la cadena perpetua sin opción a libertad condicional que les fue impuesta en 1996 mutó, el pasado martes, a una sentencia de 50 años con la posibilidad de acceder a la libertad condicional, abriendo una rendija de esperanza hacia su excarcelación. Este cambio de rumbo marca un nuevo capítulo en uno de los expedientes criminales más resonantes de la era mediática.
Conectados a la sala de audiencias a través de una pantalla, los hermanos Menéndez mostraron una emoción palpable al escuchar el dictamen. Su abogado defensor, Mark Geragos, enfatizó la trayectoria de rehabilitación labrada a lo largo de más de tres décadas de reclusión. En la corte, familiares y amigos celebraron la noticia con abrazos y lágrimas, una reacción que contrastaba con la imagen de despiadados asesinos que había prevalecido en el imaginario colectivo.
No obstante, la revisión del caso no estuvo exenta de aristas oscuras. Durante el proceso, se desempolvaron pruebas gráficas que recordaron la escalofriante crudeza del crimen. La admisión por parte de los hermanos de haber recargado sus armas antes de perpetrar el asesinato de su madre sigue generando un debate polarizado entre quienes abogan por el mantenimiento de su condena original y quienes vislumbran una posibilidad de redención tras años de encierro.
El interés público en el caso se ha reavivado gracias a producciones audiovisuales como «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez» y «The Menendez Murders: Erik Tells All» en Netflix. Estas series han contribuido a iluminar los testimonios de abuso que los hermanos alegaron haber sufrido a manos de sus progenitores. Ahora, con la audiencia de libertad condicional fijada para el 13 de junio, el destino de los Menéndez pende de la decisión del comité correspondiente y, en última instancia, del gobernador Gavin Newsom, quien posee la potestad de concederles clemencia.
